Las negociaciones han sido dirigidas por el Gobierno marroquí y la Comisión europea, pero en realidad el conflicto enfrentaba a Marruecos con España, por pescadores interpuestos.

De una parte, los profesionales marroquíes pedían el derecho de explotar ellos solos los recursos marítimos comprendidos en la zona económica exclusiva marroquí. De otra parte, los pescadores españoles reclamaban, en nombre de los «derechos históricos», la posibilidad de continuar faenando en las aguas marroquíes.

Del análisis de esta crisis se deriva que el proceso que condujo a Marruecos a la no renovación del acuerdo de pesca es un proceso complejo, que traduce en la práctica la interacción entre los actores económicos, el papel intermediario del Gobierno, y la acción del actor central, a saber, el Rey.